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Los autores intentan estudiar este fenómeno multifacético analizando sus causas y la dinámica social que lo diversifica e incrementa, sosteniendo que la seguridad pública debe ser entendida como la construcción de un consenso político y social inclusivo en donde cada uno sea un ciudadano pleno y responsable. Por Pablo Alberto Bulcourf y Nelson Dionel Cardozo La seguridad pública como problema
En las últimas décadas el problema de la seguridad pública se ha convertido en uno de los temas principales de la agenda política y social principalmente en los grandes conglomerados urbanos. El delito común contra la propiedad y las personas ha ido ganando terreno tanto en las encuestas oficiales como en la percepción colectiva sobre el incremento de la violencia. Por otro lado el aumento sostenido de los llamados delitos complejos transnacionalizados como el narcotráfico ha trastocado la propia idea de criminalidad y su vinculación con el Estado-nación; la tan mencionada globalización también penetró los laberintos del fenómeno delictivo, haciendo mucho más difícil el accionar de las políticas de seguridad en el área.
Es tanto falaz como estéril intentar analizar este fenómeno tan multifacético sin intentar estudiar sus causas y la dinámica social que lo diversifica e incrementa. Las visiones reduccionistas sólo actúan de “espejitos de colores” frente a las demandas ciudadanas, muchas veces fomentadas intencionalmente por grupos políticos que se benefician con el incremento de la conflictualidad social y pretenden poner a los gobiernos en situaciones de ingobernabilidad; y también por variados medios de comunicación que hacen un tratamiento exagerado del problema generando lo que algunos especialistas han llamado el “delito espectáculo”.
También es cierto, que en algunos países, como en la Argentina, tanto los sectores políticos como el campo académico e intelectual se han despreocupado del tema, fomentando por inacción tanto una exagerada autonomía de las burocracias policiales como también la convivencia de éstas con el delito que supuestamente pretenden prevenir y combatir. Es así como se fueron construyendo las llamadas “cajas negras” en donde política, policía y delito estructuraron un triángulo vicioso que ha servido como fuente de financiamiento de muchas actividades aparentemente lícitas.
Esta desatención también ha impedido establecer una planificación estratégica a mediano y largo plazo de las políticas públicas del sector y, especialmente una coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y la inevitable dimensión federal de la organización de éstas. Modelos policiales a veces antagónicos, cosmovisiones opuestas y accionares contradictorios resaltan la coexistencia yuxtapuesta de decisiones ambiguas irremediablemente ineficaces. Por otra parte la inexistencia de investigaciones sólidas en la materia impiden conocer la dimensión real del fenómeno construyendo conjeturas sin datos claros y bajo consignas erradas.
También la existencia de un clima social hostil a tratar el tema en profundidad que exige soluciones rápidas y extremas hace a la vez de telón de fondo al problema. La desestructuración del lazo social y la persistencia de un individualismo posesivo enfrentan a los sectores sociales, generalmente de bajos recursos, que intentan sobrevivir en una sociedad de reminiscencias hobbesianas. Consignas como derechos humanos vs. seguridad son el slogan común que encuentra eco en los sectores de extrema derecha que añoran el supuesto orden perpetrado por la dictadura militar, basado en el terrorismo de Estado y la estigmatización de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Las recientes tomas de tierras en el Parque Indoamericano o el Club Albariño solo representan la punta del témpano de hielo de la conflictualidad social que expresa las profundas desigualdades existentes en nuestra sociedad y la puja por la distribución del excedente de un crecimiento económico que no logra transformarse en desarrollo.
Pretender reducir este tipo de fenómenos a una cuestión policial es desconocer las raíces profundas de la puja de intereses sectoriales presentes en la Argentina, teniendo sólo como resultados la represión hacia los grupos más desposeídos y largamente postergados que pretenden tener acceso a bienes básicos como la luz, el agua potable o una vivienda digna.
Pero también es cierto que un “progresismo ingenuo” nos impide ver la manipulación que sufren estos sectores por parte del clientelismo político y el beneficio inescrupuloso de quienes lucran con la falta efectiva de derechos que somete a los que menos tienen a una extorsión constante.
La reciente creación de un Ministerio específico ligado al análisis, diseño, planificación, implementación y evaluación de las políticas de seguridad pública puede constituirse en el inicio de un camino prolongado y difícil, el cual no encontrará soluciones inmediatas a un problema profundo y estructural, pero es el comienzo necesario para la construcción de una seguridad pública para todos los ciudadanos siempre que sus pilares sean el consenso y un estudio riguroso y reflexivo de la nunca acabada construcción del orden social.
La compleja construcción de la seguridad pública
Las sociedad modernas y de modernidad tardía son altamente conflictivas y diversas; por lo tanto llegar a acuerdos colectivos es un proceso de negociación difícil y constante. Pensar en sociedades sin conflictos e intereses diversos y a veces contrapuestos es un error que demuestra una clara incapacidad en conocer la dinámica de las sociedades.
La organización política del Estado-nación presupone una forma de resolución de esta conflictualidad en base a un medio específico que reclamará éste de manera efectiva: el monopolio legítimo de la violencia en su territorio. En sus orígenes el Estado absolutista significó la imposición de los intereses de las monarquías a las aristocracias terratenientes del orden feudal en alianza con la alta burguesía que la proveía de recursos. Posteriormente nuevos sectores de la mediana burguesía reclamaron formar parte en estas coaliciones de gobierno dando lugar a las democracias liberales y la aparición del sufragio como un método efectivo de selección de los gobernantes. La aparición paulatina del sector social mayoritario en las sociedades que dieron paso a la revolución industrial trajo consigo la “cuestión social” y los reclamos y luchas sistemáticas tanto por las mejores condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, como también la extensión de la ciudadanía a estos sectores; el sufragio se va universalizando incorporando nuevos sectores a la vida política. Aparecen los grandes partidos políticos de masas, los que intentan combinar intereses para ganar el favor de un electorado diverso. Pero la complejidad de las sociedades no puede interpretarse como un paulatino incremento lineal de la ciudadanía. Cada sociedad en particular ha tenido diferentes formas de procesar la diversidad existente en ellas. La incorporación de las mujeres a la vida política, los grupos étnicos, religiosos y diversas minorías han marcado una serie de luchas específicas por su reconocimiento.
Dos concepciones en relación a estos procesos podemos señalar en temas de prevención y lucha contra el delito. La primera entendida como “orden” tendiente a mantener el status quo de los sectores dominantes y económicamente más privilegiados. Y la segunda como “seguridad pública” comprendiendo las acciones por parte del Estado (y también la sociedad civil) para garantizar la vigencia efectiva y plena de los derechos a sus ciudadanos. A primera vista todos los sectores políticos proclaman su adhesión a la segunda, es por eso que en la práctica efectiva del accionar policial, es en donde podemos ver en forma real que tipo de concepción nutre las decisiones políticas en el área.
Pero una vez establecida la concepción sobre la seguridad pública es necesario articular en forma efectiva tanto la organización burocrática de los cuerpos policiales y de seguridad, la coordinación entre éstos, y una planificación estratégica de los recursos disponibles y necesarios para que las políticas puedan implementarse y posteriormente evaluarse.
Sin este conjunto de decisiones, basadas previamente en estudios empíricos confiables, toda idea de la seguridad quedará en los buenos deseos de sus mentores. Es necesaria una clara decisión política en sostener en el tiempo un Plan Estratégico de la Seguridad Pública, por fuera de la coyuntura inmediata o los vaivenes del periodismo sensacionalista y de las exigencias del oportunismo político.
El entramado social de la seguridad pública en la Argentina
Estamos viviendo las consecuencias estructurales de dos fenómenos fuertemente relacionados, el primero es el terror instalado por el autodenominado Proceso de Reorganización nacional; la dictadura más cruenta por la que pasó la Argentina en el siglo XX. Se aplicó un terrorismo de estado sistemático y fuertemente calculado, donde la tortura, el robo y la apropiación de personas fueron sus sellos distintivos. A esto debemos agregarle el neoliberalismo conservador que caracterizó a la década de los noventa, donde va a prevalecer un individualismo posesivo acompañado por una desestructuración y exclusión sociales. Marcado por una precarización y flexibilización laboral y una distribución cada vez mas desigual de la renta y el acceso inequitativo a los bienes básicos.
Los sectores más bajos de la estructura social son estigmatizados en varios sentidos; se los considera delincuentes por habitar a veces en villas donde suelen esconderse éstos por el difícil acceso de las fuerzas policiales en la propia estructura geográfica; la situación habitacional es fuertemente precaria y excesivamente onerosa sin mediar la legalidad contractual necesaria para otorgar estabilidad a la vivienda.
La desaparición paulatina del trabajo y su precarización antes mencionados fue aumentando la migración interna hacia los grandes centros urbanos. Es así como el hacinamiento y la superpoblación se fue incrementando en estos asentamientos precarios.
Pero también es importante analizar las consecuencias culturales de esta desaparición, en donde el trabajo ha perdido su valor social dejando de constituir el horizonte de sentido por el cual, junto a la educación, se podía lograr el ascenso social. Este aspecto logra una combinación nefasta con una anomia creciente fomentada por los valores del consumo y el éxito a cualquier costo. Es así como muchos sectores sin recursos se ven constantemente incitados a poseer más bienes de consumo inmediato; la imposibilidad de llegar a éstos por medio de un salario digno genera una ansiedad enorme, principalmente en los más jóvenes. La falta de horizontes junto al consumo creciente de drogas altamente peligrosas como el “paco” son el puntapié inicial a entrar en el campo del delito, del cual es muy difícil salir.
Generalmente sólo vemos e intentamos analizar estas consecuencias sin atender a sus causas. Es así como las respuestas a las exigencias de mayor seguridad suelen ser represivas y no preventivas. Se pretende solucionar este tipo de delitos de origen social con la construcción de más cárceles, el aumento de penas, la reducción de la edad de imputabilidad y las visiones “innovadoras” de la nueva derecha que cree que aplicando nuevas tecnologías y camaritas de seguridad se van a solucionar un entramado complejo de profundas y crecientes desigualdades sociales que sustentan estos delitos contra las personas y la propiedad, por parte de quienes no son considerados como tales ni la poseen.
Pero hay una extraña paradoja, otros delitos considerados aberrantes en las sociedades liberales no son percibidos como tales por la mayoría de los argentinos, principalmente por parte de los sectores de mayores recursos. El ejemplo más contundente es la evasión impositiva. El gran evasor es poseedor de una “viveza criolla” que lo distingue y destaca por sobre el resto. El contador público que posee grandes habilidades para evadir impuestos es el mejor pago de la sociedad, y el más respetado. ¿Acaso estos delitos no son federales en países como los EE.UU.? Esto nos tiene que llevar a una reflexión profunda sobre los valores actuales que sustentan a nuestra sociedad, no en las declamaciones programadas sino en el actuar cotidiano de cada uno de nosotros.
Otro de los temas difíciles de exponer es la desigualdad proveniente de otros elementos más “sutiles” como los rasgos físicos de las personas. La xenofobia y el racismo son un elemento existente en la sociedad argentina, pero misteriosamente “oculto” tras el velo de una aparente integración étnica. Hasta desde el propio plano académico se impide solapadamente analizar estos fenómenos basados sobre aspectos éticos para estudiar, por ejemplo, a los denominados “pueblos originarios”. Las corrientes migratorias del interior del país y las provenientes de los países vecinos sufren un proceso de marginación enormes, a veces de los propios sectores más desposeídos de la sociedad. Dentro de las villas existe toda una estratificación interna tendiente a estigmatizar a algunas nacionalidades frente a otras, donde, por ejemplo, el color de la piel o la forma de pronunciar al hablar constituyen un rasgo de discriminación.
Solemos exagerar situaciones de conflictualidad social y confrontación de intereses superpuestos reclamando una rápida solución de éstos con la acción represiva de las fuerzas policiales y de seguridad. Sin embargo graves delitos que afectan sustantivamente la imagen del país y su posicionamiento en el mundo son visto como anecdóticos. El reciente contrabando de 900 kilos de cocaína hacia España por la empresa Medical Jet S.A. integrada por dos de los hijos del ex brigadier general José Julia y uno del brigadier mayor Miret son un claro ejemplo de la vinculación entre las altas esferas de la política y los delitos más complejos.
Como podemos observar a grandes rasgos, la estructura actual de nuestra sociedad no nos ofrece el mejor panorama para dar solución en parte a la compleja trama de la seguridad pública. Factores estructurales, falta de decisión política y la carencia de valores mínimos compartidos impiden la construcción de un consenso social en la temática.
Tanto el gobierno como los principales partidos políticos y los diferentes ámbitos sociales tienen que “sentarse a la mesa” de la negociación en materia de seguridad pública reduciendo al mínimo las pretensiones electoralistas, que si bien son legítimas y deseables en una democracia, deben a veces ceder frente a este tipo de problemas que requieren de la participación y compromiso de la mayor cantidad de sectores.
Construyendo el camino: hacia un compromiso ciudadano
No podemos negar que la problemática de la seguridad pública se ha mantenido en agenda de manera sostenida en los últimos años. Esto de por sí requiere de un estudio profundo y sistemático sobre la problemática y su continuidad temporal, más allá de las interpretaciones de coyuntura de algunos analistas y de los medios masivos de comunicación.
Los cambios en algunas modalidades delictivas son un claro indicativo de la fragmentación social y cultural por la cual atraviesa nuestra sociedad. Los propios “códigos del delito” han desaparecido, aumentando una anomia social que ya no es meramente de medios sino también de fines.
Como ya hemos señalado la exclusión y marginación crecientes son elementos fuertemente adversos para lograr horizontes comunes de respeto a los ciudadanos y sus bienes. La lucha exacerbada por el excedente del crecimiento económico introduce fuertes elementos delictivos en todos los sectores sociales, principalmente por aquellos que reclaman más seguridad desde los ámbitos más custodiados de las ciudades y los barrios privados.
Desde el campo académico e intelectual se ha mantenido una gran distancia sobre estos temas. Dentro de la ciencia política argentina son prácticamente inexistentes estudios reconocidos en la materia, siendo paradójicamente una temática nodal para cualquier definición del campo disciplinar. Esto genera una fuerte paradoja ya que la falta de estudios sistemáticos y rigurosos impiden conocer la dimensión real del problema y por lo tanto es muy difícil adoptar e implementar políticas eficaces en el área.
Este vacío también caracterizó a la clase política, la cual se despreocupó del fenómeno dejándolo relegado a las propias fuerzas policiales y de seguridad. Recién a partir del asesinato del periodista fotográfico José Luis Cabezas se comenzó a tomar cartas en el asunto, dando lugar a diferentes reformas policiales principalmente provinciales de signos y consecuencias muy diversas.
Una característica de estas reformas ha sido la adopción de políticas de signos ideológicos, doctrinarios, teóricos y técnicos totalmente contrarios con un mismo partido político en el gobierno. Esto es una clara señal de la incapacidad de planificar políticas a mediano y largo plazo.
Los principales problemas de la seguridad pública requieren de una clara y sostenida decisión política basada en el consenso político-partidario y con la participación de diferentes sectores sociales, entre ellos la propia universidad que debe proveer de parte del conocimiento experto y realizar las evaluaciones periódicas de las políticas públicas del sector.
Al tratarse de un país federal la coordinación entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional es fundamental. Toda política se encamina al fracaso sin articular este aspecto. Es necesario adoptar una concepción integral, gradualista, transparente y participativa de la seguridad pública en donde el factor “ciudadanía” debe ocupar un lugar central en esta compleja trama de relaciones.
No se puede resolver la protesta social y el descontento como una cuestión delictiva y subordinada a la acción policial. Se necesita de una negociación no de represión para dar soluciones parciales a estos problemas. Aquí también el consenso político y social es una herramienta fundamental en estos procesos.
El accionar policial debe estar fuertemente subordinado al poder político y a las leyes y reglamentaciones vigentes, principalmente atendiendo a la particularidad de que se trata de manejar armas, mando y poder en cuyo vértice se encuentra el propio Estado nación y su monopolio “legítimo” de la violencia. Toda disputa entre concepciones garantistas vs. mano dura carecen de sentido bajo un régimen democrático y de plena vigencia del Estado de derecho.
Las fuerzas policiales y de seguridad requieren de una formación y capacitación modernas, basadas en los valores democráticos y con un fuerte contenido profesionalista. Es fundamental la “desmilitarización” de las policías donde ciertas visiones “prusianas” de la educación policial nos recuerdan más al régimen nazi que a fuerzas de seguridad insertas en un régimen democrático. La transparencia y el control interno en las fuerzas debe ser un elemento constante y efectivo, tenido en cuenta como central en los asensos policiales. La corrupción policial es también un delito doblemente grave ya que es perpetrado por aquellos agentes a los cuales la sociedad dota de los elementos necesarios para su prevención, reducción y combate efectivo.
El empleo de “nuevas tecnología de la comunicación y la información” (comúnmente denominadas Tic´s) solo son un elemento instrumental, por lo tanto no pueden reemplazar a las decisiones políticas y de gestión. Nadie niega su importancia, pero siempre dentro de una determinada concepción de la seguridad ya que no representan algo “positivo” de por sí.
Como ya hemos señalado es necesaria una adecuada planificación estratégica que se conciba a mediano y largo plazo para la cual la investigación rigurosa, y en lo posible bajo una estrategia comparada, es un elemento central. Las decisiones políticas de primer nivel si no encuentran en la gestión este elemento carecen de efectividad y los problemas, siempre complejos, no encuentran soluciones.
Como el final de la obra Cabaret nuestras sociedades se parecen al viejo espejo donde el reflejo de todos termina estallando en mil pedazos. Por lo tanto la seguridad pública debe ser entendida como la construcción de un consenso político y social inclusivo en donde cada uno de nosotros sea un ciudadano pleno y responsable. La seguridad pública es simplemente uno de los medios que nos permite ser nosotros mismos.
Pablo Alberto Bulcourf y Nelson Dionel Cardozo. Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director del proyecto de investigación “Las políticas de seguridad pública y la conformación de los cuerpos policiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
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