| Seguridad pública en la Argentina: la necesidad de construir consensos |
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| Análisis de coyuntura - Actualidad por académicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Uno de los principales problemas políticos y sociales de los últimos años ha sido la seguridad pública; la agenda política y los sondeos de opinión pública lo han colocado en uno de los temas más preocupantes para la ciudadanía donde las demandas hacia decisiones políticas más efectivas se han ido incrementando día a día. Más allá de la discrepancia sobre los orígenes de la inseguridad y las medidas para solucionarla; es evidente que se necesita la construcción de consensos políticos sólidos y duraderos. Toda acción fuera de estos términos además de cortoplacista tiene garantizado un rotundo fracaso. Desde la ciencia política, en los últimos años, algunos colegas como Marcelo Sain, Eugenio Burzaco o Diego Gorgal han hecho de esta temática la orientación de su actividad profesional. Reflexionemos un poco sobre esto. Por Pablo Alberto Bulcourf*
El problema de la seguridad pública, como una de las funciones centrales de la dinámica estatal se encuentra en la razón misma que hace a la especificidad del Estado moderno; aunque va más allá de las propias políticas públicas que se encaren al respecto constituyendo una red de relaciones sociales que nos deberían permitir a las personas poder gozar planamente de nuestros derechos y desarrollar nuestras vidas en un marco de creciente de autonomía. Este ha sido el ideario emancipatorio de la modernidad, transformado en praxis política y cristalizado en las instituciones que hoy constituyen nuestra forma de gobierno. Pero éstas no son más que prácticas sociales que cobran sentido en la producción y reproducción de la vida cotidiana, siendo las personas con “nombre y apellido” las que las llevamos a cabo, aunque a veces nos cueste comprenderlo.
En materia de seguridad, la dirigencia política, ha permanecido inerte durante los primeros años de nuestra restaurada democracia en lo que respecta a las políticas de seguridad pública, dejando a las burocracias policiales el encargo de “mantener el orden”. Prueba de ello es la falta de legislación sancionada en este período y la supervivencia de leyes, estructuras y formas originadas durante regímenes no democráticos. Desde el plano científico-académico, en lo que respecta a la ciencia política vernácula, ésta no se vio interesada en estos temas siendo paradójicamente, central a cualquier concepción sobre el propio objeto de estudio de la disciplina. Es el estallido mediático del problema el que lo coloca en la escena, y el que ha obligado a tomar cartas en el asunto, por lo menos en el ámbito de las decisiones políticas. Sin embargo la forma de su tratamiento, y las percepciones ciudadanas al respecto, no logran visualizar la complejidad del problema, reduciéndolo a un conjunto de “delitos espectáculo” ligados a la criminalidad callejera común contra la propiedad y contra la vida. No se toma conciencia cívica, por parte tanto de la clase política como por la ciudadanía, de la necesidad de analizar en forma integral la dinámica del conflicto social transformado jurídicamente en delito, sus causas históricas y el modelo de sociedad que queremos construir. Es cierto que en lo cotidiano se reclamen por un lado decisiones rápidas y efectivas, y por el otro se decida en consonancia, pero esta lógica impide ver el problema y encararlo de forma efectiva.
Los ciudadanos tienen que saber que no se pueden dar soluciones mágicas a un mapa delictivo de alta complejidad con ejes a veces en delitos transnacionalizados como el narcotráfico y bajo una situación de precarización de las relaciones sociales producto de una serie de políticas que hicieron desaparecer el espacio público, redujeron al Estado a su mínima expresión, hicieron desaparecer al trabajo asalariado como eje de integración y excluyeron de la vida social digna a millones de ciudadanos, despojados de los mismos derechos que intentamos preservar. A lo que hay que sumarle que irremediablemente el mantenimiento de la seguridad insume un costo económico muy elevado y se necesitan cuerpos policiales altamente capacitados y bien remunerados.
Por otro lado, los sectores dirigentes, deben tomar decisiones sobre un conocimiento real y válido de la situación delictiva, que analice sus causas y consecuencias. El facilismo demagógico sólo genera efectos mediáticos más efímeros que los fuegos artificiales navideños. En lo que respecta al rol de los académicos es necesario priorizar investigaciones de relevancia social y solidez empírica, rompiendo la burbuja de cristal autoreferenciada, reproductora de un vocabulario barrocamente incoherente y temáticamente irrelevante. A pesar de esta tendencia generalizada en las ciencias sociales, en la ciencia política algunos colegas se han animado en los últimos años a encarar el desafío tanto desde la gestión como desde el estudio de esta problemática, Encabezados por el trabajo pionero de Marcelo Sain, se han ido sumando otras generaciones de politólogos como Diego Gorgal o Eugenio Burzaco. Durante el último Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), se dedicó una reunión plenaria a este tema en la que expusieron Máximo Sozzo, el ya mencionado Marcelo Sain y el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, el que es reconocido como uno de los penalistas y criminalistas más destacados del mundo. Evidentemente poco a poco, desde la ciencia política, vamos tomando conciencia del deber ciudadano que tenemos hacia el estudio y la acción concreta sobre la seguridad pública.
Es necesaria la construcción de políticas de seguridad pública basadas en consensos a mediano y largo plazo, o sea en verdaderas políticas de Estado, con estudios previos sólidos y con la participación multisectorial de la ciudadanía organizada. Hay que articular acuerdos entre lo gobiernos provinciales y la Nación en base a un trabajo que contemple el carácter multicausal y la diversidad del mundo criminal. Necesitamos cuerpos policiales bien pagos, sindicalizados, bien formados y éticamente comprometidos con los valores democráticos y republicanos. Debemos, cuando es necesario, desmilitarizar algunos cuerpos; posiblemente sea la propia Policía Federal la que debería iniciar un fuerte proceso de reforma en este sentido. Sin estos enclaves compartidos, toda decisión tenderá al fracaso. Esperemos que el Bicentenario nos brinde el espacio tanto de reflexión como de construcción activa de nuestro futuro; no podemos eludir nuestra responsabilidad hacia las generaciones por venir.
*Profesor e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires. Director del Proyecto de Investigación Las políticas de seguridad pública y la conformación de los cuerpos policiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
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